Los plaguicidas utilizados en el campo pueden desplazarse por el ambiente y llegar a viviendas rurales y urbanas. Así lo advierten los resultados de un estudio internacional del que participó Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora del CONICET con más de 20 años de trayectoria en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El relevamiento se realizó en 2021 en localidades del sudeste bonaerense, entre ellas Tandil, Tres Arroyos, Necochea, Mar del Plata, Balcarce y Lobería. Participaron 73 voluntarios, entre productores convencionales y agroecológicos, trabajadores rurales y consumidores.
La investigación se desarrolló en el marco del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, que reunió a equipos científicos de diez países europeos y Argentina para estudiar más de 200 plaguicidas y su presencia en las personas y el ambiente.
Qué encontraron en las muestras
Según los resultados difundidos por Aparicio, se detectaron entre 2 y 10 plaguicidas en las muestras de sangre de los participantes, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 sustancias en materia fecal.
También se identificaron más de 40 plaguicidas diferentes en el polvo de viviendas rurales y urbanas, incluso en hogares de Mar del Plata cuyos habitantes no tenían contacto directo con explotaciones agropecuarias.
Los resultados corresponden exclusivamente al grupo estudiado y no representan a toda la población argentina. Asimismo, detectar una sustancia no demuestra por sí solo que haya causado una enfermedad: para evaluar posibles efectos sobre la salud deben considerarse factores como la concentración y el tiempo de exposición.
El desafío de estudiar las mezclas químicas
Uno de los ejes del proyecto fue analizar la exposición simultánea a diferentes sustancias, un aspecto que, según Aparicio, requiere profundizar la investigación toxicológica y fortalecer los mecanismos de vigilancia ambiental y sanitaria.
La investigadora también plantea la necesidad de reducir la dependencia de los plaguicidas mediante alternativas como la agroecología, la producción orgánica y prácticas que favorezcan la biodiversidad. Para avanzar en esa transición, considera fundamentales la investigación aplicada, la asistencia técnica y el acompañamiento a los productores.
En ese marco, destaca el papel del Estado en la prevención y en la elaboración de políticas basadas en evidencia científica, en línea con los principios del Acuerdo de Escazú, aprobado en Argentina mediante la Ley 27.566.
Un sumario administrativo en el INTA
La trayectoria de Aparicio está atravesada por un conflicto institucional. La investigadora enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración, sanción que implicaría su desvinculación del organismo y la imposibilidad de volver a trabajar en dependencias públicas durante cinco años.
Entre las imputaciones difundidas figuran la presunta negativa a entregar información a las autoridades, el envío de muestras al exterior, la realización de evaluaciones toxicológicas sin intervención de organismos sanitarios y un posible perjuicio económico para el Estado.
La defensa rechaza las acusaciones. Según explicó su abogado, la información solicitada incluía datos confidenciales de los participantes, el envío de muestras respondía a los protocolos del proyecto y Aparicio no realizó los análisis toxicológicos cuestionados.
Por su parte, Violette Geissen, coordinadora general de SPRINT, afirmó que los equipos establecieron protocolos comunes para armonizar los métodos de investigación y sostuvo que Aparicio los había seguido.
El conflicto se remonta a 2023, cuando el INTA habría ordenado suspender una reunión prevista para comunicar los resultados a los voluntarios. Meses después, el organismo retiró la participación argentina del proyecto.
De la evidencia científica a la prevención
El estudio aporta información sobre la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales, pero también deja preguntas abiertas sobre las vías de exposición y los posibles efectos de la combinación de sustancias.
Los resultados no permiten atribuir enfermedades ni extrapolar los porcentajes a toda la población. Sí ofrecen elementos para orientar nuevas investigaciones, fortalecer la vigilancia ambiental y evaluar estrategias de prevención.
La discusión también plantea un desafío institucional: cómo transformar la evidencia científica en información accesible y políticas públicas que contribuyan a proteger la salud y los recursos naturales.